El sector eléctrico de Guatemala, en sus distintas áreas (generación, distribución, comercialización y transporte), ha sido unos de los principales motores de desarrollo y crecimiento de la economía del país en la última década.
Desde 1996, la inversión privada en el subsector ha superado los 10,000 millones de dólares, con objetivos específicos en energías renovables. Al cierre de 2024, la potencia instalada fue 48.10% hidroeléctrica, 0.66% gas natural, 3.47% eólica, 1.34% solar, 2.24% geotérmica y 27.71% biomasa, generando con 83.53% de energía renovable.
La inversión local y extranjera en el sector no solo ha permitido cubrir la demanda nacional sino también exportar energía. Sin embargo, el crecimiento en la demanda implica nuevos retos que requieren inversiones de pronta ejecución. De no efectuarse, se correría el riesgo de no poder cubrir la demanda local en un futuro cercano, debiendo importar más energía. De hecho, Guatemala era antes un exportador por excelencia, pero hoy es más frecuente la necesidad de importar.
Actualmente, nos encontramos en la antesala de una licitación abierta para contratar potencia y energía eléctrica para el suministro de los usuarios del servicio de distribución final, conocida como PEG-5-2025. Este es uno de los procesos más importantes en el sector eléctrico de Guatemala, y acaso el más relevante desde que entró en vigor la Ley General de Electricidad.
Mediante esta licitación, las distribuidoras de energía eléctrica más grandes de Guatemala (DEORSA, DEOCSA y EEGSA) contratarán alrededor de 1,500.00 MW mediante contratos de suministro (Power Purchase Agreements –PPA–) de hasta quince años, como en anteriores procesos de licitación. El proceso se realizaría a mediados de 2025 y, al concluirse, podría cubrir la demanda de los próximos quince años, como se logró con los procesos anteriores conocidos como PEG-1 a PEG-4.
Seguramente, las bases de licitación preverán construir e invertir en nuevas plantas, lo que implicará beneficios para el país en actividades como construcción, operación y mantenimiento, así como el financiamiento de proyectos, entre otros, dinamizando la economía con inversión local y extranjera.
Asimismo, entendemos que esta licitación será de carácter internacional y permitirá ofertas en todas las tecnologías, es decir, recursos renovables como solar (fotovoltaico), hidroeléctrico, eólico y geotérmico, y no renovables como gas natural, búnker, carbón y otros combustibles fósiles.
En el proceso tendrán un rol muy importante instituciones públicas como los ministerios de Energía, Ambiente y Gobernación, así como las municipalidades, por mencionar algunas, que tienen a su cargo otorgar permisos y licencias. Muchas veces, este tipo de proyectos se entrampa innecesariamente en los trámites de esas dependencias. En el caso del Ministerio de Gobernación, éste deberá, además, asegurar la protección de esas inversiones. Por otro lado, estas y otras inversiones hacen necesario rehabilitar y mejorar infraestructura como la de puertos y carreteras. De lo contrario, será más difícil y costoso ejecutar potenciales nuevos proyectos.
Además de la licitación PEG-5-2025, es urgente llevar a cabo licitaciones para desarrollar el transporte de energía (PET). Aunque existan proyectos robustos de generación y distribución, el sistema será deficiente si las autopistas por donde circula la energía son insuficientes o inexistentes.
Esperamos que esta licitación se efectúe en los próximos meses y sea un éxito, como han sido los anteriores procesos en beneficio del subsector eléctrico, y, sobre todo, en beneficio de Guatemala.
Rafael Briz
