La Inversión Extranjera Directa (IED) en Guatemala ha disminuido en años recientes, salvo algunos picos derivados de transacciones que no son fiel reflejo del actuar de la IED en el país.
Por ejemplo, en 2022 la IED (cifras en millones) fue de US1,442, en 2023 fue de US1,585 y, a septiembre de 2024, era US1,175.00. No es imposible tener al menos el doble de esos montos en cada periodo. En 2023, Costa Rica logró una IED de US3,921, Honduras US1,077, Nicaragua US2,535 y El Salvador US760.
Hace una década, Guatemala era la mayor generadora de IED directa, sobre todo durante las privatizaciones en telecomunicaciones y energía eléctrica.
Atraer IED requiere, entre otras cosas, enviar un mensaje de certeza jurídica, respeto al Estado de Derecho y facilitación al desembarco de las empresas extranjeras, en vez de ponerles obstáculos de tramitología o permisología.
Un ejemplo es el requisito de estar inscritos ante el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) para poder ofertar en procesos de contrataciones públicas. Según el Acuerdo 133-2024 y sus reformas, las sucursales de empresas extranjeras que quieran inscribirse en el RGAE durante el año de su constitución o incorporación en Guatemala, deben presentar, entre otros, los documentos siguientes: (1) Balance general y estado de situación financiera de la casa matriz; (2) Certificación bancaria que acredite titularidad de las cuentas y operaciones bancarias que posee. Lo primero es acertado pues, a diferencia de la casa matriz, ninguna sucursal presentará cifras importantes estando recién establecidas en Guatemala, aunque seguramente estarán en proceso de participar en licitaciones que robustecerán sus números.
Ahora bien, después de un año, el RGAE pide el balance general y estado de situación financiera de la sucursal según los estados financieros y declaración anual del Impuesto Sobre la Renta, sin tomar en cuenta a la casa matriz, lo cual es un error.
Una sucursal necesitará, como mínimo, alrededor de tres años para tener estados financieros robustos y la capacidad económica necesaria para participar en determinados eventos por sí sola. Antes de eso, es financieramente imposible tener cifras importantes. La consecuencia será recibir una constancia del RGAE para participar en procesos de montos bajos (compra directa). Esto provoca que no sea atractivo invertir en proyectos importantes en Guatemala, sirviendo como desincentivo a los inversionistas.
Personalmente, considero que el RGAE no debería hacer esa distinción. En cambio, siempre debería pedir los estados financieros de la matriz junto a los de la sucursal, y la suma de ambos debería ser base para el monto de los procesos en que pueda participar. Esto, además, reflejaría fielmente el hecho de que la matriz y la sucursal son la misma persona jurídica y la primera responde por la segunda, como establece el Código de Comercio.
En cuanto a las constancias bancarias, el RGAE tiene el criterio que deben ser de bancos autorizados para operar en Guatemala, pues no puede comprobar las emitidas por bancos extranjeros. Esto también limita la inversión de forma innecesaria y arbitraria.
Tal criterio no tiene base razonable, pues cualquier empresa extranjera que se establezca en Guatemala puede acreditar operaciones con su banco de origen, teniendo operaciones bancarias locales solo tras el paso del tiempo. Debe resaltarse, nuevamente, que la sucursal y la casa matriz son un mismo sujeto jurídico.
Desde luego, las empresas grandes no tendrán problema de abrir cuentas bancarias en Guatemala, pues sus bancos suelen tener corresponsales en el país. Sin embargo, los inversionistas medianos no necesariamente tienen las mismas posibilidades. Así, este criterio también reduce la disponibilidad de IED para Guatemala.
Por esto, el Ministerio de Finanzas Públicas debe hacer cambios de fondo y no cosméticos al reglamento del RGAE, que faciliten a empresas extranjeras establecerse en Guatemala y participar en licitaciones públicas. La IED genera trabajo, riqueza y mejores condiciones de vida, pero disposiciones y criterios como los indicados son obstáculos innecesarios que disminuyen ese potencial.
Dos cambios de fondo, que disminuirán la tramitología e incentivarán la IED, son: (1) Que los estados financieros a presentar sean siempre los de la casa matriz y de la sucursal, sin importar cuánto tiempo tenga ésta última en Guatemala, y que la calificación se haga con base en su sumatoria, pues se trata de un mismo sujeto jurídico responsable; (2) Que se acepten constancias de bancos también extranjeros, no solo de los establecidos en Guatemala.
La reciente promulgación de la Ley de Competencia también da ocasión para reflexionar sobre medidas como estas, pues se pretende en general disminuir barreras innecesarias e irrazonables que dificulten el acceso a mercados, promoviendo mayor competencia que incida en más y mejor oferta de bienes y servicios al sector público, generando además inversión y trabajo en el país.
Si Guatemala quiere regresar a ser un referente en IED en Centro América debemos hacer cambios de forma inmediata.
